El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en octubre se registraron al menos 198 acciones represivas en Cuba contra la población civil, en un contexto marcado por apagones masivos, enfermedades epidémicas y el paso de un huracán de gran intensidad.
De estas acciones, 29 fueron detenciones arbitrarias y 169 otros tipos de abusos, según el informe mensual presentado por la organización con sede en Madrid.
El OCDH advirtió que la represión se mantiene como herramienta sistemática del régimen cubano para sofocar cualquier expresión de descontento o ejercicio de derechos fundamentales. Desde enero de 2025, la organización ha documentado 2.660 actos represivos, de los cuales cerca de 500 son detenciones arbitrarias.
Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey encabezan la lista de territorios con mayor número de violaciones, que incluyen sitios de viviendas de activistas, juicios sin garantías procesales, hostigamientos y abusos contra presos políticos.
El jefe de Estrategias del OCDH, Yaxis Cires, señaló en declaraciones a Martí Noticias que el aumento de la represión está directamente relacionado con el deterioro social y económico que vive el país.
“Con los datos que hoy estamos dando a conocer, podemos afirmar que el clima represivo se mantiene en la medida en que la situación socioeconómica de Cuba empeora y existe una falta de respuesta eficaz a los problemas que vive la población, pues el régimen acude más a la represión, a acallar aquellas voces que se levantan”, declaró Cires.
“Nos preocupa que estos patrones represivos se mantienen y que incluso dentro de las cárceles se castiga a los presos por comportamientos que al régimen no le gustan”, añadió.
Casos emblemáticos: octavillas y condenas políticas
El informe resalta el caso de dos ciudadanos de Villa Clara, Yamislan Pozo Águila, de 24 años, y Serguey Pozo Tagle, de 45, contra quienes la Fiscalía del régimen ha solicitado penas de seis y siete años de prisión, respectivamente, por el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional”.
El OCDH calificó estas acusaciones de injustas y políticamente motivadas, luego de que ambos fueran señalados por lanzar octavillas con mensajes pacíficos y grabar el hecho con un teléfono móvil en la ciudad de Santa Clara, el pasado 10 de febrero.
Las octavillas, según el expediente judicial al que tuvo acceso el OCDH, contenían un mensaje político que llamaba a la unión de los cubanos y a la construcción de un futuro libre y próspero bajo el lema “Cuba Primero”, sin incitación alguna a la violencia ni al desorden público.
“Estamos claramente ante una violación de los derechos humanos, específicamente de la libertad de opinión y de expresión”, subrayó Cires en sus declaraciones.
“Toda persona tiene derecho a comunicar libremente lo que piensa y más aún cuando, como en este caso, el contenido de las octavillas no incitaba en ningún caso a la violencia”, agregó.
Criminalización del pensamiento
El OCDH sostiene que la acusación carece de base penal y constituye un intento de criminalizar el derecho a la libre expresión y al pensamiento político, en contradicción con la Constitución cubana y con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Cuba.
“La crítica al sistema político, por dura que sea, está protegida si no promueve violencia ni odio”, señala el informe, recordando precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Handyside vs. Reino Unido y Castells vs. España.
Finalmente, la organización exigió la inmediata liberación de Yamislan Pozo Águila y Serguey Pozo Tagle, y reiteró su llamado a la comunidad internacional para que mantenga la atención sobre la situación de derechos humanos en la isla, donde la represión se ha convertido ,según el OCDH, en una herramienta cotidiana del poder político.
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